Durante los días
28, 29 y 30 de septiembre, se llevó a cabo en San Miguel de Tucumán la 54ª
Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa). El reporte semestral sobre el estado de la prensa en el país fue
presentado por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Carlos
Jornet de La Voz del Interior de Córdoba.
En el marco de la
Asamblea, se realizó la presentación del “Protocolo
General de Actuación para la Protección de la actividad periodística”,
elaborado por Adepa junto al Ministerio
de Seguridad de la Nación y el Foro de Periodismo Argentino. A la
presentación, del viernes 30, asistió la ministra Patricia Bullrich.
La Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas (Adepa) valoró la recuperación de ámbitos de diálogo entre
autoridades de todos los niveles y entidades representativas de la prensa, como
uno de los signos de que “el país va dejando atrás la etapa más oscura para el
periodismo independiente desde 1983”.
La entidad inició
el jueves 29 de septiembre en San Miguel de Tucumán las deliberaciones de su
54ª Asamblea General, que concluyeron al día siguiente, viernes 30, con la
proclamación de las autoridades que la dirigirán durante el próximo año.
El reporte
semestral sobre el estado de la prensa en el país fue presentado por el presidente de la Comisión de Libertad de
Expresión, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba). El documento
destaca “la consolidación de un escenario de libre expresión sin represalias,
la sanción de una ley nacional de Acceso a la Información Pública luego de más
de una década de dilaciones, e incipientes medidas para favorecer la transición
de la prensa escrita ante las profundas transformaciones que vive el sector”.
Añade que en ningún
caso la publicidad estatal debe ser lesiva para la libre actividad periodística
o conducir a la censura o la autocensura.
El documento
aprobado por la asamblea hace foco asimismo en otros dos hechos: la firma de la declaración de Chapultepec
por parte del presidente Mauricio Macri, por la cual se comprometió a
cumplir los principios de las libertades de expresión y de prensa, y la sanción
definitiva de una herramienta fundamental para el afianzamiento de la
democracia y la transparencia republicana, como es la Ley de Acceso a la
Información Pública. Recuerda que la aprobación de este proyecto, que abre una
nueva etapa para el control ciudadano de sus representantes, había sido
sistemáticamente trabada durante las gestiones presidenciales de la última
década.
El
informe de la comisión de libertad de expresión concluye con un relevamiento de
las agresiones y amenazas sufridas por periodistas y medios de comunicación en
los últimos seis meses.
Entre
los más preocupantes, menciona el atentado contra la vivienda de Emanuel
Soverchia, del semanario El informe de la ciudad y el mensuario La imprenta, de
Cañada de Gómez,
el allanamiento a la redacción de OPI Santa Cruz para requisar material
periodístico, y el desalojo de la redacción del diario Tiempo Argentino por una
patota en la que se encontraba Mariano Martínez Rojas, quien se atribuyó haber
comprado esos medios. “Este ataque –dice el reporte– expuso la endeblez
jurídica de esas empresas, que eran propiedad de Sergio Szpolski y Matías
Garfunkel, los dos principales beneficiarios de los fondos asignados de manera
dispendiosa por el anterior gobierno nacional para sostener un aparato
paraestatal de propaganda”.
También se alude a
los reiterados ataques verbales y también físicos contra periodistas por parte
de grupos políticos y sociales “que siguen apostando a la descalificación y la
violencia”.
A continuación
compartimos un esbozo del texto perteneciente al mencionado informe denominado
“Una prensa libre y sólida, para afianzar la democracia”; donde se destaca el
atentado al periódico cañadense: «En los seis meses transcurridos desde la
Junta de Directores de nuestra entidad, se registraron varios ataques a
periodistas y medios. Uno de los más violentos fue el atentado del 01 de julio
contra la vivienda de Emanuel Soverchia, del semanario El informe de la ciudad
y el mensuario La imprenta, de Cañada de Gómez, hecho que este relacionó con su
tarea profesional».
Por ello, el
informe valora la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación,
presentada en ocasión de la Asamblea, para la creación de un protocolo para
proteger la actividad periodística, en especial la de aquellos profesionales
que investigan la criminalidad organizada y el narcotráfico
Ese marco normativo
fue elaborado con la colaboración de Adepa y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
El documento exhorta a los gobiernos provinciales a adherir al protocolo
nacional.
Por su parte, en su
artículo del 10 de octubre pasado,
para el sitio www.clarin.com; el
periodista Alejandro Alfie destacó: «El Ministerio de Seguridad oficializó el
Protocolo de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística, que
había anunciado la semana pasada la ministra Patricia Bullrrich.
El protocolo está
destinado a proteger a la libertad de prensa, en casos de agresión a
periodistas en casos de narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre
otros, “así como también casos de autocensura, es decir, situaciones ante las
cuales el periodista decide abstenerse de realizar su misión periodística por
la presión que ejercen determinados grupos, instituciones o asociaciones, como
ser partidos políticos, sindicatos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas,
grupos delictivos, mafias, clubes de fútbol o sus simpatizantes, entre otros”,
según la Resolución 479, publicada hoy en el Boletín Oficial».
El texto completo
del informe de la Comisión de Libertad de Expresión, aquí: http://adepa.org.ar/wp-content/uploads/2016/09/Informe-CLE-septiembre-2016.pdf
Fuente:
adepa.org.ar
Nota
Publicada en Periódico Libre “La Imprenta” de Cañada de Gómez
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