Las buenas prácticas agropecuarias son una suerte de principios a tener en cuenta en el manejo de los agrotóxicos, con la pretendida finalidad de minimizar los riesgos para la salud y el ambiente. Los promotores de estas técnicas sostienen que, trabajando de esta manera no habría problemas. La realidad y los vecinos afectados dicen otra cosa.
Las
cosas no son así, están así
El actual sistema
productivo agrícola basado en la alta dependencia de insumos químicos tóxicos y
eventos transgénicos, está provocando daños significativos en la salud de las
poblaciones humanas, animales y el ambiente en general. Si bien las evidencias
en este sentido son cada vez más compartidas y contundentes, los intereses que sustentan
el agronegocio son tan influyentes que se establece una especie de zona de
conflicto, sobre todo en las poblaciones más expuestas, ante la necesidad de
dar una respuesta a la problemática.
En este caso, una
fumigación en una zona caliente de Cañada de Gómez, nos sirve de herramienta de
análisis para algunos de los distintos puntos de vista.
Pago
chico
En la ciudad, para
rastrear la legislación existente en materia de reglamentación del uso de los
químicos del agro, hay que remontarse hasta los años 80. Desde 1985 regía una
ordenanza que prohibía el uso y almacenamiento de los biocidas en un radio que
se extendía a los 3000 m (sí, tres mil metros) del ejido urbano. A comienzos
del 2018 fue revalidada como todos los años. Y también incumplida por todos los
gobiernos municipales, desde su sanción y hasta el año pasado. La actual
gestión municipal, que ya va por su tercer mandato, se cansó de decir que no
podían hacer nada porque la competencia es de la provincia, que debe hacer
cumplir la ley 11273. Esta legislación provincial no es clara y permite
interpretaciones diversas. Tanto que debe haber una zona de resguardo de 500m
libre de cualquier aplicación, como lo entendemos quienes queremos alejarlas;
como que con determinados productos y con las BPA se puede aplicar hasta el
mismo limite periurbano, como promueven los más cercanos al agronegocio. Por
ejemplificar solo lo que refiere a los metros sin aplicaciones. La provincia
tampoco hizo nada por cumplir ninguna de las reglamentaciones.
A mediados de 2018,
después de la denuncia penal de Norma Cabrera, patrocinada por un abogado del
“paren de fumigarnos”, contra varias personas (incluida la intendenta), después
de la conformación de un colectivo de vecinos movilizados por la problemática y
después de que el tema alcanzó una difusión mediática importante, el
oficialismo municipal sancionó, a fin de 2018 una nueva ordenanza.
Contradiciendo el “no podemos hacer nada”, ahora determinaron una zona de 150m
sin aplicaciones. Para muchos, una medida anticonstitucional porque es
regresiva en cuanto a la protección del ambiente, respecto de la ordenanza
anterior. Igual, ésta sería la vigente.
Los
hechos
Calle La Plata,
entre Laprida y Alem. Al sur, la ciudad, entre ellos Norma Cabrera, vecina que,
cansada de sufrir el deterioro de su salud, de sus animales y de su huerta por
la deriva de los agrotóxicos, volvió a poner el cuerpo para denunciar a los
responsables. Al norte, el campo de un propietario que no lo trabaja y un
productor que lo alquila y produce en él. Actualmente, un cultivo de soja
transgénica, que contando 150 m desde calle La Plata está lleno de yuyos, de
ahí en adelante solo la soja sobrevive al coctel aplicado en las fumigaciones.
Por el mediodía del
7 de enero de 2019, el productor comenzó una nueva fumigación, esta vez
respetando la ordenanza recientemente aprobada por el municipio. Según el
ingeniero municipal a cargo, estuvo presente durante toda la aplicación, desde
el llenado del tanque hasta que el mosquito salió del campo, el agrónomo
responsable del control. Así constató los productos utilizados, en este caso
todos de banda verde, un graminicida (cletodin) y dos aceites adherentes,
dirección y velocidad del viento. Según el funcionario, todo conforme a la
ordenanza.
A la tardecita del
mismo día, con la tarea ya realizada, empieza a soplar una briza desde el
norte. El aire en la casa de Norma se enrarece y ella, conociéndose, se
preocupa. Hace años que viene sufriendo problemas de salud vinculados a las
aplicaciones. También la muerte de animales de granja y signos de toxicidad en
algunas plantas. Su cuerpo, a esta altura tan sensible a alguno de estos
productos como el canario de la mina a la falta de oxigeno, no se deja engañar
y reacciona. Y otra vez un recorrido de médicos, policías y abogados que la
agota tanto como padecer estas reacciones.
Algo
no funciona
Muchos siguen
sosteniendo que, si las fumigaciones se realizan “bien”, nadie debería tener
problemas y que se podrían realizar prácticamente sin una distancia “buffer”.
La aplicación del 7 de enero se hizo conforme a lo que se conoce como BPA. Y
respetando la distancia que propone la nueva ordenanza, en este caso, 150
metros de calle La Plata. No obstante, lamentablemente, el cuerpo de Norma nos
señala que igualmente alguno de estos productos nocivos para la salud llegó
hasta los vecinos.
Este suceso, como
muchos otros, demuestra que las BPA, son al menos insuficientes, para cuidar la
salud de la población. Y que, combinados con 150 metros sin aplicaciones, no
constituyen una protección seria. Por el contrario, convalida la información
científica que sostiene que las fumigaciones, con sus distintas posibles formas
de derivas por la interacción con algunas condiciones climáticas imprevisibles,
son en cierta forma, incontrolables. Y por eso exigimos, al menos, controlarlas
y alejarlas lo más posible. Y anhelamos que se le preste atención a los muchos
ejemplos de agricultura sin venenos, que cada vez seduce a más familias
productoras y que suman ya muchos años de experiencias.
Asociación Derechos
Humanos CDG
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