jueves, 7 de febrero de 2019

EN ESTADO DE DESAMPARO: LAS 700 ESCUELAS FUMIGADAS SANTAFESINAS

Los edificios escolares en el ámbito rural de la provincia están generalmente rodeados de campos fumigados "sin ninguna distancia mínima de seguridad. Uno abre las ventanas y tiene los cultivos a muy pocos metros, centímetros a veces; y éstos son muy dependientes de los agrotóxicos”.

Por Facundo Viola
Periodista

“Estamos en la escuela y sabemos que la soja o el girasol  que están al lado son fumigados, y que esas sustancias ingresan" al establecimiento dijo Matías Ruíz Díaz, un maestro rural que trabaja en Las Palmas, en el Departamento de General Obligado, y en Campo 94, un pequeño paraje del Departamento de San Javier. El docente contó hace un tiempo a la agencia Télam que “en general las escuelas de la región están rodeadas de cultivos sin ninguna distancia mínima de seguridad, uno abre las ventanas y los tiene a muy pocos metros, centímetros a veces, y éstos son muy dependientes de fumigaciones con agrotóxicos”.

Unos 700 edificios escolares rurales son los que se cuentan en la provincia de Santa Fe, y estos guardan ínfimas distancias de los agroecosistemas biotecnológicos. En consecuencia, los niños niñas y adolescentes que asisten a las mismos, como así también el personal docente y no docente, son involuntariamente expuestos a los pesticidas que se aplican en las adyacencias, sumado al consumo de agua cuya potabilidad no está garantizada por el Estado, en virtud de que la misma es extraída de las napas subterráneas sin ningún tipo de tratamiento previo. El mismo drama de las escuelas rurales es el que viven gran cantidad de centros educativos que están dentro de las plantas urbanas de pueblos y ciudades de la provincia, carentes de reglamentaciones y de casi inexistente cumplimiento, cuando las hay.
 
En general, la mayor cantidad de fumigaciones se dan en campos de producción de soja y maíz, pero “en otros casos -detalló Ruíz Díaz- como en los cultivos arroz -habituales en los Departamento de San Javier y Garay- se cultiva sobre humedales y por lo tanto no puede ser fumigado en forma terrestre, entonces se hace con aviones que pasan por arriba de la escuela y a poca distancia, y eso hace que la deriva sea mayor”.
Durante las últimas semanas, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora autorizó a fumigar las escuelas a "0" (cero) metro cuando los niños no estén dentro. En Entre Ríos sin embargo la acción decidida de los ciudadanos agrupados en la coordinadora "Basta es Basta" lograron que rija una medida judicial que prohíbe fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros y aleja las aspersiones aéreas 1500 metros.

En el cuerpo jurídico de la provincia de Santa Fe, la única protección de las escuelas ante las fumigaciones se establece a través de la Ley Nº 11.273 (art. 33) y su Decreto Reglamentario 552/97 (art. 51). La escasa e ineficaz medida consiste en una zona de resguardo de 3.000 metros para la aplicación aérea con agrotóxicos de clase toxicológica "A" y "B" cuando en las inmediaciones del o los lotes a tratar con pesticidas existieren plantas urbanas, centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales. Es decir que se prohíbe fumigar con aviones productos banda "roja" y "amarilla" a menos de tres kilómetros de escuelas. (1) (2)

Por lo tanto, al ubicarse lo edificios escolares rurales fuera del radio de los “centros poblados”, surge claramente que los alumnos que a ellas concurren, se encuentran, en el contexto normativo actual, absolutamente desprotegidos frente a aplicaciones aéreas y terrestres de productos agroquímicos de clases toxicológicas "C" y "D", los productos catalogados como banda "azul" y "verde", dentro de las cuales se encuentran la mayoría de los herbicidas, funguicidas y pesticidas utilizados en la actualidad, lo que se traduce en una situación de absoluta violación de los derechos consagrados en el artículo 41 de nuestra Carta Magna y del art. 28 de la Constitución provincial.
El docente santafesino destacó que cuando se realizan las fumigaciones “hay efectos que son inmediatos, como alergia, enfermedades de la piel, ardor en los ojos, problemas respiratorios, algunos se vuelven crónicos, y otros son casos de cáncer, que uno se va enterando que tienen que ver con los agrotóxicos”. Destacó que “hay médicos que dejan asentado que la problemática del chico tiene que ver con la cuestión ambiental pero la mayoría no; y con los docentes también hay un obstáculo fuerte y mucho tiene que ver con lo económico, que atraviesa todo, con el miedo a perder el trabajo".


Entre los indicadores más fuertes de las consecuencias que produce sobre la población la exposición a los químicos agrícolas, está el aumento significativo, durante los últimos años, de casos de enfermedades relacionadas con efectos mutagénicos (agentes que dañan el material genético, produciendo células nuevas que en muchos casos resultan origen del cáncer) y teratogénicos (daño que ocurre durante el proceso embriológico que lleva a malformaciones y muerte).
Es necesario recordar que desde que se instaló el modelo de producción agroindustrial a base de transgénicos y productos de síntesis química, el uso de biocidas aumentó alrededor de 1000%, alcanzando cifras escalofriantes, ya que más de 400 millones de litros al año se vierten en el territorio nacional y buena parte de estos venenos son regados en nuestra provincia.  “El discurso que se sostiene desde el Estado, desde los ingenieros agrónomos y desde los productores es el (discurso) de las ‘Buenas Prácticas’. Quieren imponer que si se hace todo bien no tendría que pasar nada (con los agrotóxicos)”, dijo Matías a la agencia informativa nacional. “Pero nosotros sabemos por la vida cotidiana –continuó- que las “Buenas Prácticas” no existen. Se fumiga con viento, se fumiga al lado de la escuela, con avión y a distancias muy cortas”.

El panorama relatado por Ruíz Díaz se repite como patrón recurrente en la mayoría de las escuelas rurales de la provincia. En la localidad de Arroyo Leyes hay dos escuelas primarias, una escuela secundaria y un jardín de infantes que son fumigados sistemáticamente a menos de 500 metros con productos bandas roja, amarilla, azul y verde para la producción de frutillas. Gracias a la acción perseverante de padres de alumnos junto a vecinos de la zona, algunos lugares se fueron liberando de las pulverizaciones, pero la falta de compromiso con la salud pública que demuestra el gobierno local permite que las acciones contaminantes persistan. En la localidad, la Universidad del Litoral detectó "patologías poco frecuentes" en niños y relevó "alto índice de discapacidad por encima del promedio". Los investigadores académicos no dudaron en relacionar estos datos con la contaminación del agua de consumo. Lo que sucede allí puede servir como caso “testigo” del modelo y las consecuencias que se reproducen año tras año.

Algunas otras escuelas fumigadas de la provincia en las que las comunidades realizaron denuncias penales en los últimos años son: Escuela rural  No. 483  "Juan Enrique Pestalozzi", de Colonia Eustolia, departamento Castellanos; Escuela rural No. 924, "Libertador General de San Martín", Campo Meshler, Ceres, departamento San Cristobal; Centro de Educación Agrícola N° 4 Totoras, departamento Iriondo; Jardín N° 8136, Arocena, departamento San Jerónimo; Jardín N° 8100, Maciel, departamento San Jerónimo; Escuela Secundaria Orientada N° 362 "San José de Colasanz", Monje, departamento San Jerónimo; Escuela Técnica Nro. 449 Pago de Los Arroyos, Acebal, departamento Rosario; Escuela de Paraje San Roque, departamento San Justo; Escuela Primaria de Ramallón, departamento San Justo.
 
Considerando que los niños son desproporcionadamente más susceptibles a los pesticidas en comparación con los adultos, y ante el creciente número de evidencias aportadas por la “ciencia digna” acerca del impacto que genera la exposición ambiental, los gobiernos están obligados a elaborar herramientas para prevenir posibles daños en la salud de los alumnos y otros miembros de la comunidad educativa de la zonas rurales. De ninguna manera la defensa de intereses patrimoniales puede priorizarse sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano. 

Las cada vez más abundantes evidencias de los impactos socioambientales que generan los agentes químicos en las poblaciones expuestas, produce una paulatina toma de conciencia por parte de los ciudadanos, algo que contribuirá seguramente en un cambio sociocultural. Alguna vez sucedió con los "niños bandera", quienes ya no son habituales en el paisaje de nuestros campos. Mientras tanto, las escuelas rurales y varias de los pueblos de la Santa Fe "profunda", permanecen en estado de desamparo.

(1) https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/3686/21012/file/LEY%2011273.pdf
(2) https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/3688/21018/file/97.pdf


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