Los edificios
escolares en el ámbito rural de la provincia están generalmente rodeados de
campos fumigados "sin ninguna distancia mínima de seguridad. Uno abre las
ventanas y tiene los cultivos a muy pocos metros, centímetros a veces; y éstos
son muy dependientes de los agrotóxicos”.
Por Facundo Viola
Periodista
“Estamos en la escuela y sabemos
que la soja o el girasol que están al lado son fumigados, y que esas
sustancias ingresan"
al establecimiento dijo Matías Ruíz Díaz, un maestro rural que trabaja en Las
Palmas, en el Departamento de General Obligado, y en Campo 94, un pequeño
paraje del Departamento de San Javier. El docente contó hace un tiempo a la
agencia Télam que “en general las
escuelas de la región están rodeadas de cultivos sin ninguna distancia mínima
de seguridad, uno abre las ventanas y los tiene a muy pocos metros, centímetros
a veces, y éstos son muy dependientes de fumigaciones con agrotóxicos”.
Unos
700 edificios escolares rurales son los que se cuentan en la provincia de
Santa Fe, y estos guardan ínfimas distancias de los agroecosistemas
biotecnológicos. En consecuencia, los niños niñas y adolescentes que asisten a
las mismos, como así también el personal docente y no docente, son
involuntariamente expuestos a los pesticidas que se aplican en las adyacencias,
sumado al consumo de agua cuya potabilidad no está garantizada por el Estado,
en virtud de que la misma es extraída de las napas subterráneas sin ningún tipo
de tratamiento previo. El mismo drama de las escuelas rurales es el que viven
gran cantidad de centros educativos que están dentro de las plantas urbanas de
pueblos y ciudades de la provincia, carentes de reglamentaciones y de casi
inexistente cumplimiento, cuando las hay.
En
general, la mayor cantidad de fumigaciones se dan en campos de producción de
soja y maíz, pero “en otros casos
-detalló Ruíz Díaz- como en los cultivos
arroz -habituales en los Departamento de San Javier y Garay- se cultiva sobre
humedales y por lo tanto no puede ser fumigado en forma terrestre, entonces se
hace con aviones que pasan por arriba de la escuela y a poca distancia, y eso
hace que la deriva sea mayor”.
Durante
las últimas semanas, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora autorizó a
fumigar las escuelas a "0" (cero) metro cuando los niños no estén
dentro. En Entre Ríos sin embargo la acción decidida de los ciudadanos
agrupados en la coordinadora "Basta
es Basta" lograron que rija una medida judicial que prohíbe
fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros y aleja las aspersiones aéreas
1500 metros.
En el
cuerpo jurídico de la provincia de Santa Fe, la única protección de las
escuelas ante las fumigaciones se establece a través de la Ley Nº 11.273 (art. 33) y su Decreto Reglamentario 552/97 (art. 51).
La escasa e ineficaz medida consiste en una zona de resguardo de 3.000
metros para la aplicación aérea con agrotóxicos de clase toxicológica
"A" y "B" cuando en las inmediaciones del o los lotes a
tratar con pesticidas existieren plantas urbanas, centros educativos, de salud,
recreativos o habitacionales. Es decir que se prohíbe fumigar con aviones
productos banda "roja" y "amarilla" a menos de tres kilómetros
de escuelas. (1) (2)
Por lo
tanto, al ubicarse lo edificios escolares rurales fuera del radio de los
“centros poblados”, surge claramente que los alumnos que a ellas concurren, se
encuentran, en el contexto normativo actual, absolutamente desprotegidos frente
a aplicaciones aéreas y terrestres de productos agroquímicos de clases
toxicológicas "C" y "D", los productos catalogados como
banda "azul" y "verde", dentro de las cuales se encuentran
la mayoría de los herbicidas, funguicidas y pesticidas utilizados en la
actualidad, lo que se traduce en una situación de absoluta violación de los
derechos consagrados en el artículo 41 de nuestra Carta Magna y del art. 28 de
la Constitución provincial.
El
docente santafesino destacó que cuando se realizan las fumigaciones “hay
efectos que son inmediatos, como alergia, enfermedades de la piel, ardor en los
ojos, problemas respiratorios, algunos se vuelven crónicos, y otros son casos
de cáncer, que uno se va enterando que tienen que ver con los agrotóxicos”. Destacó
que “hay médicos que dejan asentado que la problemática del chico tiene que ver
con la cuestión ambiental pero la mayoría no; y con los docentes también hay un
obstáculo fuerte y mucho tiene que ver con lo económico, que atraviesa todo,
con el miedo a perder el trabajo".
Entre
los indicadores más fuertes de las consecuencias que produce sobre la población
la exposición a los químicos agrícolas, está el aumento significativo, durante
los últimos años, de casos de enfermedades relacionadas con efectos mutagénicos
(agentes que dañan el material genético, produciendo células nuevas que en
muchos casos resultan origen del cáncer) y teratogénicos (daño que ocurre
durante el proceso embriológico que lleva a malformaciones y muerte).
Es
necesario recordar que desde que se instaló el modelo de producción
agroindustrial a base de transgénicos y productos de síntesis química, el uso
de biocidas aumentó alrededor de 1000%, alcanzando cifras escalofriantes, ya
que más de 400 millones de litros al año se vierten en el territorio
nacional y buena parte de estos venenos son regados en nuestra provincia.
“El discurso que se sostiene desde el Estado, desde los ingenieros agrónomos y
desde los productores es el (discurso) de las ‘Buenas Prácticas’. Quieren
imponer que si se hace todo bien no tendría que pasar nada (con los
agrotóxicos)”, dijo Matías a la agencia informativa nacional. “Pero
nosotros sabemos por la vida cotidiana –continuó- que las “Buenas Prácticas” no existen. Se fumiga con viento, se fumiga al
lado de la escuela, con avión y a distancias muy cortas”.
El
panorama relatado por Ruíz Díaz se repite como patrón recurrente en la mayoría
de las escuelas rurales de la provincia. En la localidad de Arroyo Leyes
hay dos escuelas primarias, una escuela secundaria y un jardín de infantes que
son fumigados sistemáticamente a menos de 500 metros con productos bandas roja,
amarilla, azul y verde para la producción de frutillas. Gracias a la acción
perseverante de padres de alumnos junto a vecinos de la zona, algunos lugares
se fueron liberando de las pulverizaciones, pero la falta de compromiso con la
salud pública que demuestra el gobierno local permite que las acciones
contaminantes persistan. En la localidad, la Universidad del Litoral detectó
"patologías poco frecuentes" en niños y relevó "alto índice de
discapacidad por encima del promedio". Los investigadores académicos no
dudaron en relacionar estos datos con la contaminación del agua de consumo. Lo
que sucede allí puede servir como caso “testigo” del modelo y las consecuencias
que se reproducen año tras año.
Algunas
otras escuelas fumigadas de la provincia en las que las comunidades realizaron
denuncias penales en los últimos años son: Escuela rural No. 483
"Juan Enrique Pestalozzi", de Colonia Eustolia, departamento
Castellanos; Escuela rural No. 924, "Libertador General de San
Martín", Campo Meshler, Ceres, departamento San Cristobal; Centro de
Educación Agrícola N° 4 Totoras, departamento Iriondo; Jardín N° 8136, Arocena,
departamento San Jerónimo; Jardín N° 8100, Maciel, departamento San
Jerónimo; Escuela Secundaria Orientada N° 362 "San José de Colasanz",
Monje, departamento San Jerónimo; Escuela Técnica Nro. 449 Pago de Los
Arroyos, Acebal, departamento Rosario; Escuela de Paraje San Roque, departamento
San Justo; Escuela Primaria de Ramallón, departamento San Justo.
Considerando
que los niños son desproporcionadamente más susceptibles a los pesticidas en
comparación con los adultos, y ante el creciente número de evidencias aportadas
por la “ciencia digna” acerca del impacto que genera la exposición ambiental,
los gobiernos están obligados a elaborar herramientas para prevenir posibles
daños en la salud de los alumnos y otros miembros de la comunidad educativa de
la zonas rurales. De ninguna manera la defensa de intereses patrimoniales puede
priorizarse sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano.
Las
cada vez más abundantes evidencias de los impactos socioambientales que generan
los agentes químicos en las poblaciones expuestas, produce una paulatina toma
de conciencia por parte de los ciudadanos, algo que contribuirá seguramente en
un cambio sociocultural. Alguna vez sucedió con los "niños bandera",
quienes ya no son habituales en el paisaje de nuestros campos. Mientras
tanto, las escuelas rurales y varias de los pueblos de la Santa Fe
"profunda", permanecen en estado de desamparo.
(1) https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/3686/21012/file/LEY%2011273.pdf
(2) https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/3688/21018/file/97.pdf
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