sábado, 30 de marzo de 2019

“NO CLAUDICAR ANTE EL PODER DEL AGRONEGOCIO”

Se realizó un Encuentro de vecinos afectados por las fumigaciones  y especialistas en la temática de distintas provincias, en la localidad de Arroyo Leyes, Santa Fe.

Por Facundo Viola
Periodista

Dentro de los salones de la biblioteca popular Amanecer, ubicada a la altura del kilómetro 14 de la ruta provincial número 1, el domingo 10 de febrero se llevó a cabo una convocatoria transcendental, marcando un hito en el movimiento de vecinos que luchan por la salud, la vida y los alimentos sanos en nuestra región.
Los referentes llegaron de provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del estero, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; además de Santa Fe, desde donde se acercaron vecinos de las localidades de San Justo, Marcelino Escalada, Cañada de Gómez, Hersilia, Santo Tomé, Totoras, Bombal, Santa Fe, San Javier, San Carlos Sur, Rincón, Casilda, María Juana, San Jorge, Piamonte, Zenón Pereyra, Los Zapallos, Andino, Rosario y Ceres.
Desafiando a las altas temperaturas, la distancia y el magnífico poder del agronegocio, Arroyo Leyes muestra “el camino digno que transitan aquellos que entienden la salud no se negocia”. “Mientras se sigan produciendo commodities en lugar de alimentos saludables, la premisa de todo ser humano consciente seguirá siendo no claudicar ante tamaño atropello a la vida”, expresó Alejandro, un comunicador social llegado desde Rosario a la reunión de vecinos. “Cada día somos más, porque somos miles y miles los afectados”, manifestó el bioquímico entrerriano Daniel Verzeñassi presente desde temprano en la biblioteca. A  lo que el productor de arroz orgánico Daniel Leones, residente en la costa santafesina, agregó: “nos necesitamos entre nosotros”. Por su parte, Sergio Chapelet  del Colectivo Agroecología por la Vida, aprovechó la ocasión para decir. “yo creo que en todos lados va a ser igual a medida que la gente se vaya despertando; hay que parar los venenos”.


El mitín se extendió por varias horas y cada uno de los presentes fue invitado a hacer uso de la palabra. Los vecinos consideran que todos somos afectados por el ecocidio, por lo tanto todos tenemos algo importante para decir. Del Encuentro surgió un documento del que extraemos algunos conceptos a continuación:
En la Provincia de Santa Fe está vigente la Ley 11723 y su decreto reglamentario N° 552/97 desde la década del 90, y es la que regula el uso de químicos para la producción agrícola. Esta normativa vetusta y de escasa aplicación, debe ser reformada, estableciendo resguardos mucho más adecuados a la información científica que está a disposición en estos momentos. La citada legislación está desajustada a la realidad actual respecto de la cantidad de agrotóxicos que se utilizan, ya que su uso aumentó el 1000% desde la promulgación de la norma. Además, la toxicidad real no es verdaderamente asumida, como ejemplo vale citar que para la IARC (Agencia Internacional del Cáncer), el GLIFOSATO, que es el biocida más usado en nuestro país (casi 250 millones de litros anuales), está categorizado como PROBABLE CANCERÍGENO, mientras que el SENASA lo clasifica como BANDA VERDE (“producto que normalmente no produce peligro”) en base a estudios fraudulentos presentados por el fabricante, hoy en debate judicial en otros países.

No es menor tampoco el desconocimiento que existe de la toxicidad de los caldos producto de la combinación de varios de ellos. Sin embargo, queremos dejar en claro que la ley mencionada otorga 500 metros para las fumigaciones terrestres y 3.000 m para las fumigaciones aéreas, desde el límite exterior del ejido urbano como zona en la que no se pueden utilizar ningún tipo de agrotóxicos (arts. 33 y 34 de la Ley 11723 y 51 y 53 del Decreto 552/92). La misma distancia se debe respetar “cuando en las inmediaciones del o los lotes a tratar existieren centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales”. Por lo tanto, cualquier fumigación realizada en Santa Fe a menos de 500 metros en forma terrestre o 3.000 metros en forma aérea de distancia de escuelas rurales, caseríos rurales, y cualquier municipio o comuna de la Provincia de Santa Fe es ILEGAL, debe ser DENUNCIADA ante la comisaría local o fiscalía en turno (Ministerio Publico de la Acusación –MPA), por DELITO DE CONTAMINACIÓN CON RESIDUOS PELIGROSOS (arts. 55 a 57 de la Ley 24.051), siguiendo el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la sentencia condenatoria por delito de contaminación ambiental con agroquímicos al productor y aplicador “Gabrielli, Jorge Alberto y otros.- infracción Ley 24.051”, causa conocida como “Barrio Anexo Ituzaingó”, donde se dictaminó que “UNA MOLECULA DE VENENO SUELTA EN EL AIRE TRAS UNA APLICACIÓN ES UN RESIDUO PELIGROSO”.

La realidad de las 700 escuelas rurales santafesinas es muy alarmante, las fumigaciones se realizan pegadas a los establecimientos educacionales, incluso cuando con los niños y docentes permanecen dentro. Lo mismo sucede con muchos edificios escolares dentro del ámbito urbano en diversos pueblos de la provincia, donde las aspersiones son cercanas a la población en general. Además de que esto denota un explícito ultraje a la vida y la salud de la comunidad educativa, se agrava por la presión a la que se encuentran sometidos algunos docentes rurales por parte del propio Ministerio de Educación para acallar la situación. Es un derecho y un deber del docente, establecido por la Ley Nacional de Educación, defender la tranquilidad y las condiciones adecuadas para desarrollar la labor educativa. Las fumigaciones perturban esa tranquilidad, afectando la salud de alumnos y docentes. No está de más recordar que a “la escuela” la integramos todos: padres, alumnos, docentes y, comunidad en general; por lo que es responsabilidad de todos denunciar las fumigaciones y accionar ante autoridades para generar medidas de protección.
Reconocemos que las únicas buenas prácticas son las de naturaleza Agroecológica ya que no utiliza absolutamente ningún producto agrotóxico ni biocida. Por lo tanto, el modelo productivo agroindustrial es ecocida, genocida y falaz en su intento de convencer y conseguir aceptación social de las comunidades y pueblos fumigados mediante las BPAs para seguir sosteniendo su negocio a costa del latrocinio de las comunidades.

Ante este panorama, la AGROECOLOGÍA se constituye como una propuesta superadora e integradora para nuestras comunidades, ya que la entendemos como el modo de vinculación del hombre con la tierra respetando las condiciones y diversidades eco sistémicas de cada lugar. Esta propuesta nos permite producir alimentos diversos sin la utilización de productos agro tóxicos (sean estos químicos o biológicos), ni de organismos genéticamente modificados, garantizando la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Un modelo de sociedad basado en el “buen vivir”, casos como Hersilia, Chabas, las experiencia “Desvío A la Raíz” en Desvío Arijón y del P.A.CA en Casilda, son ejemplos de comunidades en nuestra propia provincia de que la agroecología es una alternativa saludable y económicamente rentable para los productores.
Para que ello pueda consolidarse, necesitamos generar redes de consumidores y productores conscientes. En estas redes el productor produce alimentos en cercanías del consumidor asociado que los recibe, generándose un vínculo de confianza y compromiso entre ambos actores. En esta relación el productor sabe que su trabajo será reconocido por consumidores y éstos últimos tendrán la garantía de acceder a alimentos sanos, seguros y nutritivos.

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