Se realizó un
Encuentro de vecinos afectados por las fumigaciones y especialistas en la temática de distintas
provincias, en la localidad de Arroyo Leyes, Santa Fe.
Por Facundo Viola
Periodista
Dentro
de los salones de la biblioteca popular Amanecer, ubicada a la altura del
kilómetro 14 de la ruta provincial número 1, el domingo 10 de febrero se llevó
a cabo una convocatoria transcendental, marcando un hito en el movimiento de
vecinos que luchan por la salud, la vida y los alimentos sanos en nuestra
región.
Los
referentes llegaron de provincias como
Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del estero, Catamarca y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; además de Santa Fe, desde donde se acercaron vecinos
de las localidades de San Justo, Marcelino Escalada, Cañada de Gómez, Hersilia,
Santo Tomé, Totoras, Bombal, Santa Fe, San Javier, San Carlos Sur, Rincón,
Casilda, María Juana, San Jorge, Piamonte, Zenón Pereyra, Los Zapallos, Andino,
Rosario y Ceres.
Desafiando
a las altas temperaturas, la distancia y el magnífico poder del agronegocio,
Arroyo Leyes muestra “el camino digno que transitan aquellos que entienden la
salud no se negocia”. “Mientras se sigan produciendo commodities en lugar de
alimentos saludables, la premisa de todo ser humano consciente seguirá siendo
no claudicar ante tamaño atropello a la vida”, expresó Alejandro, un
comunicador social llegado desde Rosario a la reunión de vecinos. “Cada día
somos más, porque somos miles y miles los afectados”, manifestó el bioquímico
entrerriano Daniel Verzeñassi presente desde temprano en la biblioteca. A lo que el productor de arroz orgánico Daniel
Leones, residente en la costa santafesina, agregó: “nos necesitamos entre
nosotros”. Por su parte, Sergio Chapelet
del Colectivo Agroecología por la Vida, aprovechó la ocasión para decir.
“yo creo que en todos lados va a ser igual a medida que la gente se vaya
despertando; hay que parar los venenos”.
El
mitín se extendió por varias horas y cada uno de los presentes fue invitado a
hacer uso de la palabra. Los vecinos consideran que todos somos afectados por
el ecocidio, por lo tanto todos tenemos algo importante para decir. Del
Encuentro surgió un documento del que extraemos algunos conceptos a
continuación:
En la Provincia de Santa Fe está
vigente la Ley 11723 y su decreto reglamentario N° 552/97 desde la década del
90, y es la que regula el uso de químicos para la producción agrícola. Esta normativa vetusta y de
escasa aplicación, debe ser reformada, estableciendo resguardos mucho más
adecuados a la información científica que está a disposición en estos momentos.
La citada legislación está desajustada a la realidad actual respecto de la
cantidad de agrotóxicos que se utilizan, ya que su uso aumentó el 1000% desde la
promulgación de la norma. Además, la toxicidad real no es verdaderamente
asumida, como ejemplo vale citar que para la IARC (Agencia Internacional del
Cáncer), el GLIFOSATO, que es el biocida más usado en nuestro país (casi 250
millones de litros anuales), está categorizado como PROBABLE CANCERÍGENO, mientras que el SENASA lo clasifica como
BANDA VERDE (“producto que normalmente no produce peligro”) en base a estudios
fraudulentos presentados por el fabricante, hoy en debate judicial en otros
países.
No es menor
tampoco el desconocimiento que existe de la toxicidad de los caldos producto de
la combinación de varios de ellos. Sin
embargo, queremos dejar en claro que la ley mencionada otorga 500 metros para
las fumigaciones terrestres y 3.000 m para las fumigaciones aéreas, desde el
límite exterior del ejido urbano como zona en la que no se pueden utilizar
ningún tipo de agrotóxicos (arts. 33 y 34 de la Ley 11723 y 51 y 53 del Decreto
552/92). La misma distancia se debe respetar “cuando en las inmediaciones
del o los lotes a tratar existieren centros educativos, de salud, recreativos o
habitacionales”. Por lo tanto, cualquier
fumigación realizada en Santa Fe a menos de 500 metros en forma terrestre o
3.000 metros en forma aérea de distancia de escuelas rurales, caseríos rurales,
y cualquier municipio o comuna de la Provincia de Santa Fe es ILEGAL, debe ser
DENUNCIADA ante la comisaría local o fiscalía en turno (Ministerio Publico de
la Acusación –MPA), por DELITO DE CONTAMINACIÓN CON RESIDUOS PELIGROSOS (arts. 55
a 57 de la Ley 24.051), siguiendo el pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que confirmó la sentencia condenatoria por delito de
contaminación ambiental con agroquímicos al productor y aplicador “Gabrielli,
Jorge Alberto y otros.- infracción Ley 24.051”, causa conocida como “Barrio
Anexo Ituzaingó”, donde se dictaminó que “UNA
MOLECULA DE VENENO SUELTA EN EL AIRE TRAS UNA APLICACIÓN ES UN RESIDUO
PELIGROSO”.
La
realidad de las 700 escuelas rurales
santafesinas es muy alarmante, las fumigaciones se realizan pegadas a los
establecimientos educacionales, incluso cuando con los niños y docentes
permanecen dentro. Lo mismo sucede con muchos edificios escolares dentro del
ámbito urbano en diversos pueblos de la provincia, donde las aspersiones son
cercanas a la población en general. Además de que esto denota un explícito
ultraje a la vida y la salud de la comunidad educativa, se agrava por la
presión a la que se encuentran sometidos algunos docentes rurales por parte del
propio Ministerio de Educación para acallar la situación. Es un derecho y un
deber del docente, establecido por la Ley Nacional de Educación, defender la
tranquilidad y las condiciones adecuadas para desarrollar la labor educativa.
Las fumigaciones perturban esa tranquilidad, afectando la salud de alumnos y
docentes. No está de más recordar que a “la escuela” la integramos todos:
padres, alumnos, docentes y, comunidad en general; por lo que es
responsabilidad de todos denunciar las fumigaciones y accionar ante autoridades
para generar medidas de protección.
Reconocemos
que las únicas buenas prácticas son las de naturaleza Agroecológica ya que no
utiliza absolutamente ningún producto agrotóxico ni biocida. Por lo tanto, el
modelo productivo agroindustrial es ecocida, genocida y falaz en su intento de
convencer y conseguir aceptación social de las comunidades y pueblos fumigados
mediante las BPAs para seguir sosteniendo su negocio a costa del latrocinio de
las comunidades.
Ante
este panorama, la AGROECOLOGÍA se constituye como una propuesta superadora e
integradora para nuestras comunidades, ya que la entendemos como el modo de
vinculación del hombre con la tierra respetando las condiciones y diversidades
eco sistémicas de cada lugar. Esta propuesta nos permite producir alimentos diversos
sin la utilización de productos agro tóxicos (sean estos químicos o
biológicos), ni de organismos genéticamente modificados, garantizando la
soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Un modelo de sociedad basado en el
“buen vivir”, casos como Hersilia, Chabas, las experiencia “Desvío A la Raíz”
en Desvío Arijón y del P.A.CA en Casilda, son ejemplos de comunidades en
nuestra propia provincia de que la agroecología es una alternativa saludable y
económicamente rentable para los productores.
Para
que ello pueda consolidarse, necesitamos generar redes de consumidores y
productores conscientes. En estas redes el productor produce alimentos en
cercanías del consumidor asociado que los recibe, generándose un vínculo de
confianza y compromiso entre ambos actores. En esta relación el productor sabe
que su trabajo será reconocido por consumidores y éstos últimos tendrán la
garantía de acceder a alimentos sanos, seguros y nutritivos.
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