El 31 de enero de
2019 Sebastián Ponce de León fue sometido a torturas que desembocaron en su fallecimiento diez
días después. Fue detenido en un procedimiento que dejó más dudas que certezas,
realizado por personal de la Policía de Chaco en Avenida 9 de Julio 5335 de la
ciudad de Barranqueras. Los tormentos aplicados se mantuvieron ocultos hasta
que Sebastián murió. Su fallecimiento, que se produjo el 10 de febrero de 2019,
desnudó no sólo los severos castigos a que fue sometido, sino también el
encubrimiento policial y judicial, además de las irregularidades que se
produjeron en el Hospital Perrando.
El único testigo
del hecho, que es una persona con presuntos vínculos familiares que prestarían
funciones de seguridad en Barranqueras,
relató la existencia de cocaína y dinero dentro de la casa donde Sebastián fue
vejado. La propietaria de la casa donde sometieron a torturas y tormentos al
joven es una agente de la Policía Federal con la que mantenía relaciones y que fue suspendida en sus funciones. Sin embargo,
la droga y la plata no fueron secuestrados y no figuran en los informes
elaborados por la Policía.
Ponce de León no
fue evaluado por ningún médico de la Dirección de Sanidad Policial, paso obligatorio que se debe producir apenas
se detiene a una persona. Desde la Policía se argumentó que Sebastián “se negó”
al examen médico por lo que supuestamente
no pudieron constatar las lesiones, que sí fueron establecidas cuando el
joven ingresó al Hospital Perrando. No obstante ello, los médicos de este
Hospital nunca informaron a la Fiscalía el cuadro de salud del detenido, sino
hasta que falleció.
Ya se sabe que para
las 16 horas del 31 de enero de 2019 Sebastián Ponce de León estaba detenido y a disposición del fiscal Bogado en
la Guardia del Hospital Perrando. Sin embargo, de acuerdo a los informes
preliminares efectuados por la Comisaría Primera de Barranqueras, recién a las
16.22 de ese mismo día se recibió un llamado al Servicio 911 solicitándose
presencia policial por el supuesto hecho de violencia de género en el domicilio
de Av. 9 de Julio 5335.
De forma
contradictoria, el procedimiento que supuestamente arrancó con ese llamado al
911 finalizó a las 16.47, de acuerdo a las actas labradas por la propia
Policía. Recién después de esa hora el detenido debió haber sido llevado a
Sanidad Policial, y desde allí supuestamente se ordenó su traslado al Hospital
Perrando. El dato es que según los registros del Hospital Perrando Sebastián ya
había ingresado a ese Establecimiento y estaba internado 47 minutos antes.
Se fraguó la
presencia del detenido en Sanidad. Además se utilizó un móvil de la Comisaría
Primera de Barranqueras, que cuenta con sistema de georreferenciación (GPS)
para marcar un circuito dentro de los horarios anotados en el acta policial y
dar aparente “legalidad” a todo el recorrido que la policía asegura haber
hecho, y que resultó falso.
El escándalo es
mayúsculo y estridente, tanto por acción como por omisión. Es la Justicia Penal
que tenemos y que debe cambiar. Quedaron al descubierto posibles complicidades
que pueden generar una situación concreta de graves responsabilidades
institucionales compartidas de
funcionarios de distintos poderes del Estado.
La Procuración
General, por disposición del adjunto, Miguel Fonteina, y en consonancia con el
retardo, obstrucción u ocultamiento en la tarea de esclarecer el caso, ordenó
que la investigación quede a cargo del Equipo Fiscal Coordinador C, que
encabeza el Dr. Sergio Cáceres Olivera.
Fonteina advirtió
que en este caso “faltan producir y ordenar numerosísimas pruebas” que permitan
desentrañar cómo ocurrieron los hechos. La resolución pone en evidencia la
falta de trabajo de los tres fiscales intervinientes y representa a la vez un
compromiso del que el Ministerio Público ahora no puede escapar.
Centro Mandela
DD.HH.
Centro de Estudios
e Investigación Social
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