El Poder Ejecutivo
publicó el Plan Nacional Anticorrupción
2019-2023 en el Boletín Oficial. El mismo fue elaborado y coordinado por la
Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de
Jefatura de Gabinete, en el que participaron Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de
Modernización Administrativa, la Unidad de Información Financiera (UIF), la
totalidad de los ministerios y varias agencias descentralizadas como la AFIP,
la ANSES y PAMI, entre otras. Cada área consultada llevó adelante un proceso
interno de planificación, comprometiéndose a implementar las iniciativas aquí
publicadas.
El Plan Nacional Anticorrupción (PNA)
consolida los objetivos prioritarios planteados por el Poder Ejecutivo Nacional
en 2016 en línea con las Convenciones Internacionales contra la corrupción, el
crimen organizado y el lavado de dinero de la ONU, la OEA y la OCDE.
En 2018, la OA
realizó una consulta pública abierta a través del portal “Consulta Pública” de
la Secretaría de Gobierno de Modernización. Como resultado de este proceso se
recibieron diversas propuestas vinculadas con el fortalecimiento institucional,
la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en
ética a nivel escolar, entre otras.
El PNA está
conformado por 260 iniciativas, entre las que se destacan: mecanismos para
mejorar la transparencia y la eficiencia de las contrataciones públicas, con
especial énfasis en la obra pública; diversas plataformas para asegurar el
acceso de la ciudadanía a información pública para el ejercicio de sus
derechos, como mapas interactivos de los bienes del Estado, de proyectos y de
obras públicas, incluidas las obras viales; y medidas orientadas a las
poblaciones más vulnerables -en quienes la corrupción repercute especialmente-,
como el relevamiento de hogares en situación de extrema vulnerabilidad social,
la conformación de un Registro único de demanda de vivienda para todos los
residentes con necesidades habitacionales, o la implementación de una
plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y
subsidios.
Cada una de las
iniciativas contempla plazos de ejecución para realizar un seguimiento
periódico de avance y cumplimiento. Para ello, se conformará un Consejo Asesor
ad-honorem integrado por organizaciones de la sociedad civil, sector privado y
expertos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia.
El decreto
establece, además, que la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno
Abierto de la Secretaría de Modernización deberá crear un mecanismo de
seguimiento público de la implementación de las medidas incorporadas, que será
diseñado en el marco del Cuarto Plan de la Estrategia Nacional de Gobierno
Abierto.
Se espera que los
otros poderes del Estado, provincias y municipios puedan generar planes de
carácter similar en sus respectivas jurisdicciones.
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