La compra de grandes extensiones de tierras
fiscales a precios promocionales, que no llegan al 20% de los valores reales vigentes en el mercado inmobiliario
privado chaqueño, ha sido la forma en que se instrumentó el saqueo de
las tierras públicas rurales. Esta es y ha sido la matriz. El caso de Alberto
Esteban Verra, hasta ahora no investigado por ningún organismo del Estado, así
lo corrobora. El 6 de agosto del 2013 París firmó la Resolución de venta de
4999 hectáreas a favor de Verra. Siete meses después, el exgobernador
Capitanich ratificó la venta a través del Decreto Nº 2121, que dictó el 16 de septiembre de 2013.
Verra se quedó
con tierras fiscales bajo esa forma amañada de venta, que tiene parecida modalidad al paradigmático caso de la
presidente de la Asociación de Productores Forestales, Ana Hupaluk, quién
fue investigada por la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), que se
pronunció el 25 de abril pasado dictando la Resolución 2071, en la que describió las múltiples
irregularidades que se produjeron en Colonización cuando le vendieron a Hupaluk
4783 hectáreas de tierras fiscales a precios promocionales. En la actualidad el
predio rural fue totalmente desmontado,
violándose todas las normas legales para provocar un gran daño ambiental.
Otras operaciones de ventas también fueron realizadas
irregularmente por el Instituto de Colonización en un largo proceso que terminó por
convertir a ese organismo en una inmobiliaria rural para despojar a los
chaqueños de su último patrimonio común y estratégico.
París no
escuchó
El contador John París, cuando fue presidente de
Colonización durante la gestión del ex gobernador Capitanich, ordenó iniciar el Expte. N° 33/13 para adjudicar en venta 4999
hectáreas y algunas áreas a favor de Verra. El trámite administrativo fue irregular, por fuera de las pautas básicas
establecidas en la estructura y
funcionamiento de Colonización, según
la Ley de Tierras Públicas.
París desatendió el correcto requerimiento que le
transmitiera la Dra. Karina Ayala, a
cargo del área Banco de Tierras. Esta
funcionaria claramente resaltó que Verra
no había presentado la documentación necesaria para pretender que se le
adjudicara tierras públicas en venta. No
acreditó certificado de domicilio o residencia, actas de vacunación y
otros recaudos que rutinariamente debe exigir el Instituto ante cualquier
solicitud de adjudicación.
Planes
especiales y dudosas factibilidades
Verra presentó
documentación en la que se puede
comprobar que todos los domicilios que declaraba estaban
en Bs. As., factor que debió determinar el rechazo –de plano- de su
aspiración a quedarse con tierras fiscales.
Daniel Gaona, presidente de la Cámara de Turismo del Chaco y
simultáneamente contratado de obra de Colonización, utilizaba
un sello con firma aclaratoria del Instituto. Realizó pases
administrativos en el expediente Verra. Violó claras normas de
procedimiento establecidas en las leyes
1140 y 2017. Lo llamativo fue que los
asesores legales de Colonización no
detectaron las evidentes
irregularidades acumuladas en el trámite.
El Dr. Carlos Andrada, quién otorgó factibilidad a la irregular
adjudicación en venta que pidiera Ana Hupaluk (existe una causa judicial en
etapa probatoria), creó en Colonización
una “hipotética factibilidad” para tratar de fundamentar la adjudicación
en venta de tierras fiscales a Verra, quién con una carta certificada que fue
despachada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) declaró que eran
de su propiedad las mejoras incorporadas
en 500 hectáreas del predio fiscal
rural. La Dra. Gabriela Alonso,
funcionaria influyente sobre los Presidentes de Colonización, avaló los
argumentos esgrimidos por el Dr. Andrada y también consideró que era factible
la adjudicación en venta a favor de Verra
a través de un “plan especial”,
que luego advertimos que violaba el procedimiento legal.
Empresarios
compraron tierras públicas a precios promocionales
A nadie le preocupó que se violaran los
postulados de la Constitución chaqueña
respecto a quienes debían adjudicarse las tierras públicas. El poder político
cerró los ojos o abrió sus intereses frente a
Alberto Esteban Verra, que es un importante empresario argentino. Por su
intensa y multifacética actividad
empresaria, a Verra le resultó imposible
realizar una explotación y la ocupación
de la tierra fiscal que compró, que es un requisito fundamental para ser adjudicatario en venta o
preservar la adjudicación después de que se la concede, hasta el momento de la
titularización.
Alberto Esteba VERRA figura
como miembro del grupo empresario cuya nave mayor es Benito Roggio e Hijos S.A.
También figura como presidente de CCLIP S.A, SEHOS S.A, TRANELPA S.A DE
INVERSION, y como vice presidente de AGUAS CORDOBESAS S.A y PANAMA S.A,.
Adalberto Omar Campana,
quién también se beneficio a través de
la adjudicación irregular de grandes extenciones de tierras públicas a precios
promocionales, ha sido investigado por
la FIA. Es parte del mismo grupo empresario. Figura como presidente de HAUG
S.A, vice presidente de CCLIP S.A, director titular de SEHOS S.A, director
suplente de CVI S.A. (concesionaria vial) y
director suplente de TRANELPA S.A (de inversión), según bancos de datos
disponibles.
Desmonte
total en “Las Palmeras”
Se supone que Verra posee aproximadamente 15.000
hectáreas en el Departamento Almirante Brown. Tiene un moderno establecimiento
de 4999 hectáreas, al que incorporó tecnología y extendió su superficie
comprando adjudicaciones y mejoras. El emprendimiento es conocido como “Las Palmeras”, ubicado al
noreste de Taco Pozo.
Desmontaron más de 7.500 hectáreas en el
Establecimiento Las Palmeras, ubicado en zona amarilla, donde está prohibido
desmontar, según el mapa de zonificación de la OTBN. Para tener una idea de la
magnitud de la intervención contra el monte, vale la pena señalar que la
superficie es equivalente a 6944 canchas
de fútbol. Este mega-desmonte fue
denunciado por Greenpeace, que aportó imágenes reveladoras, capturadas
el 6 de enero de 2012, desde una altura
de 556,63 metros.
El 9 de diciembre de 2013 la ingeniera Inés Aguirre
visitó el Establecimiento “Las
Palmeras”, cumpliendo la orden
judicial dispuesta por la Dra. Iride
Isabel Grillo, cuando era titular del Juzgado Civil Nº 6 de Resistencia, en el
marco del control de cumplimiento de la sentencia que había dictado en el
expediente Nº Expte. Nº 1754/04, iniciado
por las asociaciones comunitarias indígenas de Comandancias Frías, Misión Nueva
Pompeya y Nueva Población con el
propósito de preservar el monte nativo chaqueño y la biodiversidad de sus territorios.
En ese expediente el Centro Mandela intervino como amigo del Tribunal, por
decisión de la juez Grillo.
La Ingeniera Aguirre informó al Tribunal que si bien
no pudo ingresar para constatar la correspondencia entre la foto aportada por
Greenpeace y verificar el tipo de
intervención que se ejecutó contra el monte, pudo realizar su tarea de
relevamiento preliminar desde los caminos perimetrales. Constató que “existían
desmontes en el interior del predio a lo largo del recorrido que hizo. Refirió
que existían cortinas de bosque nativo, trazados en forma longitudinal y transversal, las que
no impedían la visualización de los desmontes debido a que eran poco densas y
las transversales estaban desmontadas en su parte media”. Aportó fotos
georreferenciadas del lugar. Las imágenes que tomó fueron complementadas con la
ubicación geográfica del punto de captura.
La
Dirección de Bosques y un caso explosivo
La Dirección de Bosques, a pesar del requerimiento del
tribunal a cargo de la Dra. Grillo, no presentó el Acta de Constatación que
debió confeccionar a partir de la gravedad de la denuncia pública efectuada por
Greenpeace. Tampoco informó si abrió un expediente, si otorgó algún permiso y
si labró infracciones. En cualquier caso, el desmonte fue realizado
violándose las pautas básicas de la Ley de Bosques porque se ejecutó en una zona
donde estaba y está prohibido desmontar,
poniendo en evidencia la pesada burocracia, la marcada ineficiencia, tráfico de
influencia y la corrupción fuertemente instalados en la Dirección de Bosques.
“Centro Mandela DD. HH.”
CENM
Centro de
Estudios e Investigación
Social
Fuente: http://www.centromandela.com/?p=20214
El documento está publicado en el siguiente link: http://www.centromandela.com/? p=20214
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Nota relacionada: http://www.centromandela.com/?p=8424
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